Ciudadanía da seguimiento a construcción de planta Toyota

Irapuato, Gto., a 20 de junio de 2017

CS2 CS1 IMG_9843

Con la finalidad de verificar el impacto económico y social que tendrá la planta Toyota que se edifica en el municipio de Apaseo el Grande, integrantes de la comisión Eje Economía para las Personas del Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato, se reunieron con personal de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) y de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

En su mensaje, la titular de la STRC, Ma. Isabel Tinoco Torres destacó la apertura que la actual administración tiene con la participación social. “Nos interesa mucho que la ciudadanía se involucre en los grandes proyectos que se desarrollan en la entidad, porque con su vigilancia no sólo se asegura el uso correcto de los recursos públicos, también se crean lazos de cooperación que trascienden hasta mejorar la vida de las y los guanajuatenses”.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, habló del trabajo conjunto para consolidar los esfuerzos de Gobierno. “Vamos de la mano con la STRC y la ciudadanía para que los resultados de todo aquello que impulsamos sea focalizado a las verdaderas necesidades de las personas”.

Los consejeros que participaron fueron:

  • Emeterio Guevara Ramos, ex catedrático de la Universidad de Guanajuato.
  • Rodrigo Enrique Martínez Nieto, Director de la Universidad Santa Fe.
  • Luz Adriana Acuña Orozco, integrante del Consejo Universitario Región 1 León.
  • Esmeralda Rebollar Serrano, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Irapuato.

El Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato fue constituido en el año 2013 y se integra por distintos sectores sociales con el apoyo técnico de la STRC, para ser un órgano de consulta, análisis y participación social que apoya en el impulso de la cultura de la honestidad y legalidad.

Con estas acciones, Gobierno del Estado involucra a sociedad, académicos, asociaciones civiles, empresarios y servidores públicos en tareas de Contraloría Social, para vigilar y evaluar el quehacer gubernamental.