Cumple Guanajuato acuerdo de la Conferencia Nacional de Gobernadores para la declaración de intereses

Guanajuato, Gto., julio de 2016.

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El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), publicó el pasado 28 de junio en el Periódico Oficial el acuerdo que establece la obligación de los servidores públicos estatales para presentar la declaración de intereses.

 

Al realizar esta publicación, la presente Administración da cumplimiento a los acuerdos adquiridos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), como parte de los trabajos que se realizan, mediante la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación (CPCE-F), para coordinar acciones en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción.

 

En este sentido, quedan obligados a presentar la declaración de intereses todos los servidores públicos previstos en las fracciones I a la X del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

 

Con este ejercicio se garantiza la integridad en la toma de decisiones gubernamentales para que no se vean comprometidas por intereses privados, además, este mecanismo sirve para que los proyectos, programas, obras y en general el uso de los recursos públicos se ejerza de manera responsable, transparente y apegado a la legalidad.

La información resultante se alojará en el Sistema Declaranet Guanajuato, herramienta tecnológica desarrollada por la STRC para facilitar y agilizar a los servidores públicos el cumplimiento de esta tarea, además de servir como apoyo para la declaración patrimonial; responsabilidad que por cuarto año consecutivo se cumplió al 100%.

 

La declaración de intereses deberá presentarse a partir del mes de julio de 2016, para lo cual personal de la STRC realizará las capacitaciones correspondientes.

 

En esta materia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define al conflicto de intereses como “el conflicto entre las responsabilidades oficiales y el interés privado de un servidor público, el cual puede interferir inapropiadamente en el desempeño de sus responsabilidades y obligaciones”.

 

Con estas acciones, el Gobierno del Estado se suma a los esfuerzos que se realizan a nivel nacional para combatir la corrupción, creando las vías que consoliden una administración abierta, en la que sus colaboradores rinden cuentas claras a la sociedad.